EL ROBO DEL SIGLO.
DECRETOS SECRETOS Y MAL USO DE FONDOS PÚBLICOS.
DURANTE EL PERIODO EN QUE KEIKO FUJIMORI ERA PRIMERA DAMA DE LA NACION EN PERU
Casi
todo de lo que se enterará el lector, en este capítulo, tiene el muy
documentado respaldo de los frutos de la Comisión Investigadora de los
delitos económicos y financieros (CIDEF) cometidos entre 1990 – 2001 que
presidiera el Congresista Javier Diez Canseco Cisneros (UPD) y cuyos
más destacados miembros fueron Walter Alejos (PP) Maximo Mena (PP), Juan
Valdivia (APRA) y Kuenen Francesca Marabolto (UN).
Esta
comisión multipartidaria contó con la valiosa colaboración de
destacados profesionales como la doctora Beatiz Mejía, doctores Walter
Alván, Oscar Ugarteche y tantos otros que sería muy extenso mencionar.
CIDEF publicó, auspiciada por el Fondo Editorial del Congreso un informe final, lamentablemente no muy difundido.
La
escrupulosa investigación de la CIDEF nos ha eximido de buscar mayores
fuentes para ofrecer al lector el cuadro de increíble corrupción que
caracterizó los diez años del fujimorato.
Las conclusiones principales de la CIDEF fueron estas:
1.-
El gobierno de Fujimori fue el peor fenómeno de corrupción de nuestra
historia republicana y principal legado nefasto que nos ha dejado.
2.- El país fue gobernado por una red corrupta de altos funcionarios, mandos militares y algunos grupos de poder económico.
3.-
Para actuar con más impunidad esa red corrupta controló y atropelló la
autonomía de las instituciones, especialmente aquellas encargadas del
control político.
Así
controlaron y manejaron, a su gusto, el Parlamento Nacional, el
Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría de la República y
medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio y TV).
Casi nada escapó a su control. Todo lo manejaba Montesinos, aunque Keiko diga : “mi papá no sabía nada”.
4.-
Otra conclusión indiscutible de la CIDEF y motivo principal de su
investigación fue que para mantener la impunidad construyeron una
“legalidad ad hoc”.
Precisamente
el mejor instrumento para esta inmoralidad fueron los decretos de
urgencia y decretos supremos secretos que se analizan exhaustivamente el
mencionado informe.
5.-
Principalísima conclusión del informe de CIDEF es que este grupo
corrupto de poder se constituyó desde el inicio del gobierno de Alberto
Fujimori en 1990, contó con la participación expresa de la cúpula
militar, hecho que se hizo mas evidente a partir del auto golpe de
Estado del 5 de abril de 1992 y que el trípode que lideró el núcleo de
corrupción estuvo conformado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y
Nicolas de Bari Hermoza Rios.
La
labor de la CIDEF para procesar la gran cantidad de información
existente se vió multiplicada pues investigando un tema determinado de
corrupción encontraban que éste estaba ligado a otro tema de corrupción.
Así
dicen que mientras investigaban las pérdidas del Estado en la empresa
agro-industrial Pucalá, se abrió otro tema que era el Fondo Especial de
Promoción Agraria.
La
investigación de CIDEF abordó los temas de las privatizaciones, las
operaciones de salvataje bancario, las principales licitaciones y
adquisiciones, el uso de fondos públicos para la red de corrupción la
recepción y destino de las principales donaciones y programas de
cooperación internacional, el financiamiento de las instituciones de
control como la SUNAT Contraloría y Aduanas, la liquidación de empresas
públicas como Popular y Porvenir y otras vinculadas al sector Defensa.
El
primer hallazgo importante de la CIDEF es que apreció como una
constante común en todos los casos el uso abusivo de los Decretos de
Urgencia, en su mayoría de orden secreto.
Por ello, se investigó con especial énfasis la compra de armamento y de productos de origen chino.
A
la vez se identificaron una serie de enmarañados procedimientos para
alcanzar objetivos pocos transparentes en los casos de privatización y
quiebra de Aero Perú, la privatización de Electro Lima y sus
implicancias tributarias, la corrupción en la gestión de las empresas
aseguradoras Popular y Porvenir, el salvataje del Banco Latino, la
privatización de la empresa azucarera Pucalá y el manejo del proyecto
del rio Cachis.
El
uso indiscriminado de dispositivos de urgencia, muchos de carácter
secreto, fue instituido por la mafia fujimorista como una modalidad para
amparar gastos irregulares, via compras destinadas a favorecer a las
empresas vinculadas a la red de corrupción. Así se destinaron mil
trentidos millones de dólares provenientes de la privatización en la
compra de armamentos y equipos militares de dudosa calidad.
El
agravante de estas operaciones ilegales es que se realizaron con mayor
énfasis durante la época del conflicto con el Ecuador. A la mafia no le
interesó el país ni el conflicto bélico. Solo les interesó lucrar pese a
que la mayoría de los implicados eran militares.
Nunca
se ha esclarecido como es que habiendo más de siete mil millones de
dolares como ingresos por la privatización solo quedaban 143 millones en
caja.
Lo
que si quedó claro según la investigación CIDEF es que de las
privatizaciones y a través de esos Decretos Supremos Secretos se
invirtieron 1,800 millones de dólares para comprar armas de mala
calidad, como los MIG que no funcionaban y otras, armas, caballos,
automóviles, equipos de radio. De ahí salieron las fortunas en los
bancos suizos de los generales sentenciados y de los prófugos como
Víctor Malca, ex embajador en Mexico al que no se puede encontrar desde
hace diez años.
Sin
duda el engranaje de la mafia había copado todas las esferas del poder
de manera que apenas hubiera una denuncia se ponían en funcionamiento
los mecanismos para desactivarla. El Congreso, el Poder Judicial, la
Contraloría operaban con una coordinación sintonizada, cada una
cumpliendo su papel de acuerdo al libreto preparado por el asesor.
De esta manera, ninguna denuncia podía prosperar.
Una
conclusión muy importante del informe de la CIDEF es: el que suscribe
el Ing. Javier Diez Canseco cuando dice: “No es posible emitir un
decreto supremo de emergencia secreto sin la firma del Presidente de la
República y menos para las compras de armas” por lo que es contundente
que “Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento de todo lo actuado por la
red mafiosa que él integraba y que decir desde su comodo de parlamento
de Tokio que fue sorprendido por su asesor es risible”.
Otro
hecho muy importante que investigó y comprobó la CIDEF fue que el
gobierno peruano abusó de la figura de la asistencia internacional y
trasladó y aun traslada fondos públicos a un programa de las Naciones
Unidas que se conoce con el nombre de PNUD con lo que se pagó la
“planilla” de los funcionarios responsables de las privatizaciones,
miembros de la COPRI y las CEPRI, que eran muy jugosas y que por tanto
oficialmente “no salen” del Tesoro Público. Para esta artimaña legal se
emplearon 295 millones de dolares. Tómese nota que para realizar esto el
gobierno debía pagar 3.5% como concepto de comisión de agente.
Conclusión
muy importante y de la que rogamos al lector, le dé la debida
importancia en cuando dice textualmente: “La elite empresarial privada
hasta donde hemos podido constatar participó en forma activa en la
corrupción estudiada. Hay una corresponsabilidad estudiada entre el
Estado, los funcionarios públicos y algunas empresas privadas”.
“Lo
que observamos en el caso de la Contraloría General de la República es
que durante la década pasada el 75% de sus acciones fueron dirigidas a
controlar municipios que sólo manejan el 4% del presupuesto nacional. El
contralor caso Lay no acogió fiscalizaciones ni denuncias”.
Coincidiendo
totalmente con lo expresado en la introducción del informe del CIDEF
por el reconocido economista Dr. Oscar Ugarteche nos permitimos
transcribir sus acertados conceptos que el autor los hace suyos: “Lo
descrito en estas páginas representa solo una muestra de lo que
realmente corresponde a la magnitud de lo ocurrido en el Perú durante la
década de la corrupción.
Los
daños causados por la mafia que nos gobernó son incalculables y siguen
surtiendo sus funestos efectos pues trastocaron delictivamente no solo
el ámbito económico, político, social, sino fundamentalmente, el moral
impusieron la corrupción como la forma de gobernar al país”.
“Y lo que puede ser más grave aún es que queden impunes”.
“Es
preciso por ello, sancionar los delitos identificados a la par que es
preciso también incorporar al cuerpo legal tipificaciones que sancionen
específicamente los delitos económicos y financieros que en otros países
son castigados con suma dureza, puesto que cometerlos implica
comprometer no solo el presente sino el futuro de vida de generaciones
de peruanos y especialmente de los peruanos y especialmente de los
peruanos más pobres”.
La
primera acusación constitucional presentada al Congreso de la República
por la CIDEF fue la denuncia a diversos Ministros de Estado, jefes
militares y otros altos funcionarios del gobierno de Fujimori por el uso
y abuso de los denominados dispositivos de urgencia y en particular
aquellos que tuvieron carácter de secretos.
Sería
demasiado extenso y fatigoso para el lector hacer relato minucioso de
los delitos contenidos en esos Decretos por lo que los resumiremos en
los siguientes datos:
1.-
Durante el gobierno de Fujimori se expidieron 22 Decretos de Urgencia
Secretos de disposición de fondos públicos de los cuales 14 fueron de
fondos de la privatización.
2.
Esos decretos no se publicaron en el diario oficial, no tuvieron, en la
mayoría de los casos, aprobación del Consejo de Ministros y sólo ocho
de ellos se enviaron al Congreso para su aprobación. El secreto fue
total.
3.-
En muchos casos no se encontró los documentos físicos que contenían los
decretos. Tampoco se encontró actas de aprobación del Consejo de
Ministros.
4.-
La mayoría de los Ministros desconoció la existencia de esos Decretos.
Publicamos fotocopia de ellos para conocimiento de los lectores.
5.-
Primero cometían el delito, luego lo regularizaban. Es decir, primero
aprobaban la operación, disponían del dinero y luego expedían el
Decreto.
6.-
Antes de expedir el decreto se creaban empresas de proveedores cuyos
accionistas eran testaferros o miembros de la asociación delictiva como
en el caso de la compra de aviones de Bielorrusia.
7.- Los decretos fueron principalmente para la adquisición de bienes y servicios de los Ministerios de Defensa y del Interior.
8.-
Se cometieron los delitos de asociación ilícita para delinquir,
malversación de fondos, colusión ilegal, peculado, falsificación de
documentos públicos, negociación incompatible, supresión, destrucción u
ocultamiento de documentos y omisión de denuncia.
Para
asombro del lector los Ministros implicados en la Comisión de tantos
delitos sólo recibieron condenas en el poder judicial de cuatro años de
prisión, suspendida.
Vale
decir que no pasaron ni un solo día en la cárcel, en la que debieron
estar algunos años. Quizá muchos tengan la osadía de postular para
parlamentarios el 2011, por que ahora 2010, vivimos casi una “cultura de
la corrupción”.
Son tres los casos emblemáticos de esos 22 decretos.
1.- Decreto 046-95 Disponen de 67’800.00 de soles para compra de un avión presidencial BOEING 737.
Es
escandaloso porque a) no se podía disponer de recursos de la
privatización para comprar un avión al Presidente b) estábamos en pleno
conflicto con el Ecuador. Lógicamente ese avión no tenía ninguna
prioridad c) no hubo licitación, ni concurso de precios d) no tenía nada
de urgente y e) todo se hizo en menos de un mes.
2.- Decreto 02896 se dispuso de 252’052.420 dolares para comprar 3 aviones MIG de segundo uso en Bielorrusia.
Este
saqueo a los fondos públicos se inició cuando una empresa de Ucrania
presentó una propuesta, Montesinos la bloqueó y forma con Alberto Venero
la empresa W21 INTERTECHNIC para representar a la compañía TREVES
INTORA que también era de un amigo y socio de Montesinos.
Con fecha 6 de mayo de 1966 emiten el Decreto y el 13 de mayo firman el contrato.
Este Decreto no fue de conocimiento del Congreso de la República, ni del Consejo de Ministros.
En
conexión con este Decreto se encuentra el 075-96 que fue mas
escandaloso por el que se destinan 150 millones de dolares para comprar
18 SU-25 a Bielorrusia también.
En
ambos casos los decretos se expidieron después de arreglado el
“negocio”. Según declaraciones de Venero Montesinos recibió 30 millones
de dólares por esta compra.
3.-
El caso más escandaloso y por el que Alberto Fujimori fue sentenciado
por la Corte Suprema fue el último Decreto el 081-00 por el que
Montesinos recibió 15 millones de dólares en concepto de CTS pero que
por indicación expresa de Fujimori se expidió para “ejecución de
acciones en la frontera con Colombia”.
Así con ese desprecio y desaprensión se disponía de los fondos públicos, por el propio Presidente de la República.
Este
acto que es ejemplo de desverguenza se agravó mas cuando Fujimori se
vió obligado a devolver esa suma y entregó 15 millones de dólares que
tenía en Palacio. Pero se descubrió que los 15 millones que se llevó
Montesinos eran distintos de los que “devolvía” Fujimori, simplemente
por que eran billetes de distinta denominación.
Demostración
simple y sencilla del volumen de la “caja chica” de Fujimori en el
mismo Palacio de Gobierno y prueba de su cinismo.
