El informe de calificación –que fue redactado en solo dos días– recomendaba que se acumulen las denuncias interpuestas por los congresistas Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma, según las cuales la fiscalía no habría incluido en sus investigaciones a la constructora Graña y Montero, ni a las otras consorciadas con Odebrecht en diferentes obras. Sin embargo a que el exdirector ejecutivo de la constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, afirmó que sus socios conocían los acuerdos para pagar sobornos por US$ 20 millones al expresidente Alejandro Toledo a cambio de favorecerlos en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
"Estoy seguro que se podrá demostrar que no hay ninguna fundamentacion jurídica en las mismas. Por el contrario, se evidencia intenciones de otra índole detrás de esto al admitir dos acusaciones en una sola sesión", manifestó Sánchez.
Víctor Andrés García Belaunde, parlamentario de Acción Popular, afirmó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha dejado de ver una veintena de denuncias que fueron presentadas antes que estas dos. La fecha en la que se somete al debate coincide con la segunda fecha del partido que la selección peruana jugará contra Nueva Zelanda por el repechaje al Mundial Rusia 2018.
Las denuncias parlamentarias fueron presentadas después de que el Ministerio Público decidiera reabrir la investigación por el delito de lavado de activos –bajo la ley de crimen organizado– contra Keiko Fujimori y el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Ambos son investigados por los aportes de campaña recolectados a través de cocteles.
El domingo pasado, el titular del Ministerio Público y el fiscal a cargo de la investigación, Hamilton Castro, aseguron que la fiscalía está investigando a Graña y Montero de forma reservada. Las pesquisas se encuentran en etapa de corroboración.
La semana anterior, el pleno de la bancada fujimorista aprobó respaldar la acusación constitucional presentada por Salaverry. El informe será presentado a la presidencia de la Comisión Permanente para su aprobación. La subcomisión de acusaciones constitucionales deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles
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