Pedro Castillo nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta tras tomar la radical decisión de cerrar el Congreso de la República a pocas horas de la programación del debate de la tercera moción de vacancia en su contra.
No esperó más y con un argüido discurso contra los parlamentarios, el expresidente decidió brindar un mensaje a la Nación minutos antes del mediodía del último miércoles y así dar por “disuelto” el Parlamento.
Sin embargo, al parecer, el ex jefe de Estado no tomó en cuenta que dicha acción traería consecuencias graves, pues él estaba incurriendo al Código Penal, de acuerdo al artículo 346, el cual remarca el delito de rebelión.
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Según este artículo de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como “el que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional” y recoge que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”.
Tener en cuenta que con esta nueva denuncia, el exmandatario enfrenta una nueva carpeta fiscal, sumando 8 investigaciones en su contra.
¿Cuáles son las 7 denuncias contra Pedro Castillo?
1) Caso Puente Tarata III Presuntos delitos: organización criminal y tráfico de influencias
La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro inició en mayo de este año la investigación por las irregularidades en la licitación por el Consorcio Puente Tarata III, el entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez dispuso incluir a Pedro Castillo en dicha investigación.
Según la carpeta fiscal, el expresidente habría liderado una presunta mafia dentro del poder Ejecutivo el cual tenía como objetivo favorecer a empresarios que apoyaron a su campaña presidencial.
Aquí estaban involucrados el ex ministro Juan Silva Bruno Pacheco Zamir Villaverde y su sobrino Fray Vásquez.
2) Compra de biodiésel en Petroperú (Heaven Petroleum) Presunto delito: tráfico de influencias
En julio de este año, se conoció que el Ministerio Público, abrió una investigación preliminar contra Castillo Terrones por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias.
Objeto de la investigación: intervención en la compra de Biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
3) Ascensos militares y favorecimientos en la Sunat Presunto delito: Tráfico de influencias
En el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, la fiscal Patricia Benavides decidió abrir una investigación contra el ex presidente Pedro Castillo por el caso de las irregularidades en dichos ascensos.
En esta carpeta a Castillo Terrones se le imputa por el tráfico de influencias en donde también habría participado el ex ministro de Defensa Walter Ayala, y su ex Secretario Presidencial Bruno Pacheco.
Según la tesis fiscal, estas tres personas habrían solicitado de manera indebida cobros por dichos ascensos y cambios en la policía nacional del Perú.
4) Tras denuncia de Mariano González Presuntos delitos: organización criminal y encubrimiento
La Fiscalía de la Nación abrió nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo, esta vez, por el presunto delito contra la administración de la justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.
Según la Fiscalía se abrió paso a dicha investigación tras las declaraciones del exministro del Interior, Mariano González quien denunció que fue sacado del cargo por Castillo por haber autorizado la formación de un equipo de inteligencia de la PNP a pedido del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder con el fin de ubicar y capturar a los prófugos Bruno Pacheco; Fray Vásquez, sobrino del presidente y el exministro Juan Silva.
5) Presunto plagio de la tesis de maestría (antes de que asumiera presidencia) Presunto delito: plagio
La Fiscalía abrió otra investigación contra el presidente Pedro Castillo y su esposa, tras la denuncia de un programa de televisión sobre el plagio de su tesis de maestría, lo que el mandatario niega.
“El Ministerio Público inició investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y su esposa Lilia Paredes, por el presunto delito de Plagio Agravado, Falsedad Genérica y Cobro Indebido en agravio del Estado”, dijo la entidad en su cuenta de Twitter.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Ramón Tantalean, de la región norteña de Cajamarca, de donde es oriunda la pareja presidencial.
6) Obras en Cajamarca (iniciada hoy) Presunto delito: contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar contra el mandatario, y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
Esto se debe al proceso es por presuntas irregularidades en obras en Anguía, distrito natal del presidente Castillo en Chota (Cajamarca); y en Gondor (Cajatambo, Lima) en donde también estuvo involucrada su cuñada, Yenifer Paredes.
7) Denuncia Constitucional
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, la cual también alcanzó a los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado (Vivienda).
Pedro Castillo detenido
El expresidente Pedro Castillo, fue detenido por la Policía Nacional del Perú, luego de que fue destituido por el Congreso, por incapacidad moral y ante una serie de investigaciones en su contra por crimen organizado, tráfico de influencias y colusión.
“Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana”, dijo la fiscal en un video en las redes sociales del Ministerio Público del Perú.
Ante esta acción tomada por el ex dignatario, el Ministerio Público adoptarán “las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional.”
Y es que, con el inconstitucional cierre del Parlamento, Castillo cometió el delito de rebelión, estipulado en el artículo 346 del Código Penal, y que estima una pena de 10 a 20 años de cárcel efectiva.
