El congresista Diego Bazán, integrante de la bancada de Avanza País, anunció este lunes que su agrupación política impulsará un proyecto de ley que pretende reducir el número de votos para concretar una vacancia presidencial. Esto, según explicó el parlamentario, para retirar del Gobierno a Pedro Castillo por las investigaciones en su contra.
"Hoy el señor Castillo viene siendo investigado por el Ministerio Público por pertenecer a una presunta organización criminal. Un presidente que ha faltado a la transparencia, que se reúne con ministros en su departamento a medianoche, un Gobierno que no tiene la solvencia para designar a funcionarios que carecen de toda capacidad técnica y profesional y que se encuentra alejado de los hechos que realmente importan al país", explicó el legislador a RPP.
Diego Bazán también explicó que la reducción de votos sería hasta los 78 y así conseguir la vacancia presidencial. En tal sentido, aclaró que la norma es constitucionalmente válida.
"Desde Avanza País impulsamos temas como la modificación al reglamento del Congreso que requiere 87 votos para la vacancia a 78, es perfectamente compatible con la exhortación constitucional que hizo en algún momento el TC, por eso impulsaré este proyecto junto a Roselli Amuruz para ser viable", puntualizó Bazán.
El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, la ampliación de la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones".
Se indicó además que la investigación, inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas, "fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones".
El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó no haber vuelto a conversar con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, actualmente prófugos de la justicia tras ser implicados en una presunta red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la que también estaría involucrado el ex secretario general de Palacio de Gobierno,
López le habría dado el dinero en efectivo a Castillo en Palacio de Gobierno y en la famosa casa del pasaje Sarratea.
El presidente Pedro Castillo recibió hasta tres exorbitantes sumas de dinero de la actual colaboradora eficaz Karelim López, según la versión de Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en Piedras Gordas, desde donde da cuenta de la presunta red de corrupción que se había enquistado en el gobierno de turno.
Las declaraciones transcritas, que fueron reveladas por Contracorriente, El Dominical corresponden al acta número 3 que está en poder del despacho de la fiscal Karla Zecenarro Monge y son las primeras en mostrar una mención directa al presidente Pedro Castillo sobre la recepción clandestina de dinero.
“(López) le entregaba al presidente sumas de dinero de manera directa, haciéndole llegar sumas de dinero en efectivo, ya sea en Palacio de Gobierno o en la casa de Sarratea, sumas por los montos de 100 mil soles, 50 mil soles y 5 mil soles, en algunas fechas en que lo ha visitado y podía conversar con el presidente, en Palacio de Gobierno», se lee en la transcripción.
Pedro Castillo tiene apenas siete meses desde que asumió el poder, pero los escándalos, denuncias e investigaciones fiscales han marcado este primer tramo de su Gobierno. Una clara muestra es que al menos diez los personajes, desde familiares hasta colaboradores del mandatario, se encuentran prófugos.
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La relación de aquellos que prefieren escapar y esconderse antes que rendir cuentas a la justicia la encabezan dos miembros de la familia de Pedro Castillo (Fray Vásquez y Gian Marco Castillo) y la integran el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, y los investigados por los casos los Dinámicos del Centro (todos en el Programa de Recompensas y en la lista de los más buscados). También integran este ranking los Tiranos del Centro.
Tal como lo informa El Comercio, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo del caso, imputa a Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias como tipo penal alternativo y organización criminal en agravio del Estado.
Sobre ambos pesan dos órdenes judiciales: una detención preliminar de 10 días (emitida el lunes 28 de marzo) y otra de impedimento de salida del país por cinco meses por el Caso Tarata (dictada el 30 de marzo). Ya figuran también en la lista de los más buscados y en el Programa de Recompensas.
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Durante la audiencia de impedimento de salida del país, la representante del Ministerio Público señaló, por ejemplo, que Fray Vásquez, junto a otros investigados, habría buscado lograr la designación de personas de su confianza en Provías (del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) con el fin de que se adjudiquen obras a favor de determinadas empresas.
Los nombres de los sobrinos de Castillo comenzaron a salir de la luz cuando Cuarto Poder descubrió las reuniones secretas del presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.
Además, ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, la lobbista Karelim López declaró que el presidente Castillo dirige una mafia que opera en el MTC, en la que estarían involucrados sus sobrinos.
En solo unos meses, paso de ser el hombre de confianza del presidente Castillo y secretario general de Palacio de Gobierno a investigado por varias fiscalías y ahora a prófugo de la justicia. A pedido de la fiscal Zecenarro, Bruno Pacheco tiene una orden de detención preliminar junto a los sobrinos del presidente y dos órdenes de impedimento de salida del país.
Bruno Pacheco es investigado por la fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el caso de las presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas, así como por presunto enriquecimiento ilícito, tras encontrársele 20 mil dólares en efectivo en el baño de su despacho en Palacio de Gobierno.
Además, la fiscal Luz Taquire lo investiga por presunto lavado de activos en el mismo caso que a Zamir Villaverde, Fray Vásquez Castillo (sobrino de Pedro Castillo) y Karelim López, quien tiene un proceso de colaboración eficaz. Pacheco también es investigado también por tráfico de influencias por supuestas presiones a la Sunat.
Cuatro de los investigados por el Caso Los Dinámicos del Centro no solo están prófugos desde hace seis meses, sino que figuran en la lista de los más buscados. Sin embargo, no son ubicados. Para ellos se dispuso 36 meses de prisión preventiva.
A la cabeza se encuentra Arturo Cárdenas Tovar, mano derecha de Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre y secretario de organización nacional del partido de gobierno.
En setiembre pasado, cuando el Poder Judicial evaluó la prisión preventiva, la fiscal Anticorrupción Vanessa Díaz señaló a Cerrón como presunto líder de la organización criminal los ‘Dinámicos del Centro’. Dijo que el objetivo de este grupo era recaudar dinero para la campaña de Perú Libre y de Cerrón.
“Esta fiscalía establece que nos encontramos ante una organización criminal presuntamente conformada hasta en cuatro niveles. En el primero está Vladimir Cerrón en condición de líder, Arturo Cárdenas Tovar en segundo nivel, hombre de enlace de la organización, y luego se bifurcan en dos: uno en la actividad criminal referida al tráfico de licencia de conducir y en paralelo a la contratación de personal”, expresó la fiscal en aquel momento.
Otros investigados por el caso Los Dinámicos del Centro que siguen prófugos son: Waldys Vilcapoma Manrique, Eduardo Reyes Salguerán, exdirector regional de Transportes y Comunicaciones del gobierno Regional de Junín, y Francisco Muedas Santana.
El contenido de los audios donde presuntamente se escucha a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco hablar sobre repartición de puestos en el gobierno de Pedro Castillo y sobre una supuesta entrega del dinero del hoy exministro Juan Silva refuerzan la versión dada por la colaborad eficaz Karelim López sobre una presunta mafia al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Así lo consideraron abogados penalistas consultados por El Comercio.
Se siente inmune a la justicia y se burla de todos. Así lo demostró ayer el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien utilizó sus redes sociales para alentar a la selección de fútbol previo al encuentro por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. Fue una publicación que deja mal parada a la Policía Nacional, que en teoría trata de dar con su paradero desde el 28 de marzo pasado, pero que hasta el momento no ha tenido ningún resultado.
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La actividad en Twitter del ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo no ha cesado a pesar de que desde hace 77 días es buscado por las autoridades al ser sindicado de integrar una organización criminal que se repartió obras públicas desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Vamos, muchachos. Estamos a un paso de lograr la clasificación al Mundial Qatar 2022. Venceremos con garra y corazón al equipo de Australia en el repechaje”, tuiteó Pacheco en su plataforma desde donde incluso antes envió un mensaje por el Día de la Madre. El exsecretario se encuentra muy cómodo en la clandestinidad.
A todas luces, Pacheco se sabe protegido, anotó el exministro del Interior Carlos Basombrío. “Se siente muy seguro. Presumo que Bruno Pacheco se siente protegido”, expresó Basombrío a Perú21.
En esa línea, Fernando Rospigliosi, extitular del Mininter, apuntó que lo hecho por Pacheco “es una burla a todos los peruanos”.
“La burla es principalmente a la ciudadanía, no a las autoridades, porque las autoridades serían cómplices de su fuga. Ahora él hace alarde en redes sociales como diciendo: ‘Miren, he cometido delitos, me he fugado y estoy impune’”, aseveró Rospigliosi en diálogo con este diario.
Los exministros Rubén Vargas y Remigio Hernani coincidieron en que Bruno Pacheco se considera inescrutable debido a su relación con los altos funcionarios del Gobierno.
“Se siente todopoderoso e impune porque sabe que no le pasará nada. Porque sabe que tiene muchos amigos y paisanos en el poder”, indicó Vargas.
“No solo Pacheco, sino también los sobrinos y Juan Silva están a buen recaudo, como ellos mismos lo han dicho. No están prófugos, sino a buen recaudo. Y tienen el desparpajo de alentar a la selección. Es una burla para toda la ciudadanía y más para la Policía”, concluyó, a su turno, Hernani.
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El último fin de semana, el mandatario Pedro Castillo y el ministro del Interior, Dimitri Senmache, reasignaron a 20 generales de la Policía Nacional.
Estos cambios fueron cuestionados por Remigio Hernani. “Senmache es un pelele que está ahí puesto porque tiene ansias de poder. No tiene merecimiento para ser ministro, pero el Gobierno lo utiliza”, sostuvo.
Entre los cambios figura el general PNP Roger Pérez Figueroa (ver página 5), quien pasó de dirigir el Frente Policial Apurímac a encabezar la Dirección de Inteligencia (Dirin).
Fue precisamente esta dirección policial la que recibió la orden de la Fiscalía para aplicar la medida especial de videovigilancia y otras acciones para monitorear cada uno de los movimientos del exministro de Transportes Juan Silva, quien finalmente eludió las disposiciones y pasó a la clandestinidad.
No obstante, las acciones del nuevo jefe de la Dirin fueron puestas en duda por los exministros del Interior.
Para Fernando Rospigliosi, el arribo del general PNP Roger Pérez no cambiará el panorama. “Considero que sería más de lo mismo”, señaló.
Asimismo, Rubén Vargas mencionó que es el Ejecutivo, con Pedro Castillo al frente, el principal opositor a que las investigaciones fiscales continúen su proceso.
“El principal obstáculo para las investigaciones en los casos de corrupción denunciados viene desde el Gobierno”, resaltó.
Carlos Basombrío recordó que el nuevo titular de la Dirin declaró ante el Ministerio Público, en febrero pasado, por las denuncias sobre presuntos pagos de sobornos en el último proceso de ascensos para el grado de general.
El congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular), integrante de la Comisión de Fiscalización, adelantó a este diario que hoy se evaluará si presentan una solicitud a la Policía para que rastreen el origen del tuit de Bruno Pacheco.
“La comisión debería pedir a la Policía que revise o trate de rastrear desde dónde fue hecha esta publicación”, manifestó.
El parlamentario aclaró que el grupo de trabajo indaga sobre el caso Sarratea y se tendría que analizar si pueden requerir a la PNP que informe qué acciones están realizando para ubicar al exsecretario presidencial.
“Espero que la Policía haya detectado, con las herramientas que deben de tener, de dónde fue publicado este tuit y así tener una pista de dónde se encuentra este prófugo de la justicia”, expresó.
Bruno Pacheco fue parte del círculo íntimo del presidente y fue señalado como parte de la presunta red criminal que se instaló en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dirigir obras públicas a cambio de jugosos beneficios.
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente de la República, Pedro Castillo, para que declare el próximo martes 21 de junio a las 9:00 a.m. en calidad de investigado, en el marco de las investigaciones de la reuniones extraoficiales que mantuvo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.
A través de una moción de orden del día remitida al jefe de Estado, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Héctor Ventura (Fuerza Popular), manifestó que esta citación se realiza con el propósito de esclarecer preguntas sobre los presuntos delitos que habrían cometido personas de su entorno y exfuncionarios de su Gobierno.
En ese sentido, detalló que Castillo Terrones tendrá que declarar sobre las vinculaciones que tendría con las presuntas irregularidades acontecidas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
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Además de ello, el presidente tendrá que responder sobre las posibles injerencias en los ascensos irregulares en la Fuerzas Armadas y las acciones que se tomaron, luego de que se hallaron $20 mil en la oficina del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.
Asimismo, Pedro Castillo será consultado por la supuesta participación de sus sobrinos prófugos, Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo, en la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Para responder todas estas interrogantes, la Comisión de Fiscalización decidió citar al presidente de la República, dándole la opción de escoger si prefiere declarar en las instalaciones del Congreso o, si lo requiere, que los miembros de este grupo de trabajo parlamentario se acerquen a tomar su declaración en Palacio de Gobierno.
Como se recuerda, el último miércoles el congresista Ventura anunció que la comisión decidió variar la calidad del máximo mandatario de testigo a investigado en relación al caso que investigan por la reuniones en Sarratea.
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Se van conociendo más testimonios que apuntalan la tesis fiscal sobre la red criminal que se habría instalado en las altas esferas del poder, en específico en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ayer, el fiscal supremo adjunto Samuel Rojas señaló que existe la declaración de un aspirante a colaborador eficaz en la que narra con detalles que la lobista Karelim López le habría entregado dinero al presidente Pedro Castillo, quien es sindicado de ser el cabecilla de la mafia en el MTC.
La exposición del miembro del Ministerio Público se realizó ante al juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley durante la audiencia de tutela de derechos que solicitó la defensa del mandatario para anular la investigación preliminar en su contra.
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“Karelim López Arredondo habría entregado al presidente de la República sumas de dinero en efectivo por montos de S/100 mil, S/50 mil y S/5 mil, ya sea en Palacio de Gobierno o la casa de Sarratea”, indicó el fiscal Rojas al citar la declaración del colaborador.
Agregó también que López habría entregado al exsecretario presidencial Bruno Pacheco –hoy prófugo de la justicia– la suma de dos millones de soles “producto del pago de una licitación de biodiésel en Petroperú”.
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El fiscal sostuvo que Castillo actuó obedeciendo “no a los fines nacionales de orden público que el presidente está llamado a cautelar; sino obedeciendo a los intereses de la organización criminal”.
Esta declaración del colaborador eficaz, relatada ante el despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, coloca al jefe de Estado en una situación donde sería el principal receptor de dinero ilícito.
Precisamente, Karelim López es una de las protagonistas de los casos de presunta corrupción vinculados al Gobierno. Tiene registros de su entrada a Palacio de Gobierno desde agosto del 2021.
La lobista se encuentra investigada por los casos Puente Tarata y Petroperú, en ambos procesos por el presunto favorecimiento a determinadas empresas luego de visitar la sede presidencial.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio reconoció que la declaración del colaborador sobre una entrega de dinero directamente al presidente agrava situación legal de este.
“Esta nueva declaración complica al presidente. Además, todos los audios y otras pruebas son suficientes para poner en evidencia un hecho delictivo en materia de corrupción”, dijo el letrado a Perú21.
Para el abogado, el Ministerio Público debería formalizar una investigación preparatoria y plantear el antejuicio al Congreso de la República.
“Con la investigación preparatoria, el fiscal de la Nación podría solicitar al Parlamento el levantamiento de la inmunidad del presidente”, anotó.
Será el juez Checkley quien resolverá si se cancela o no la pesquisa contra el mandatario acusado de corrupción en menos de un año de gobierno.
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